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Reapareció una ONG que sueña con la amnistía de los genocidas

18-02-2018 Comentar
Se trata de Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), cuya presidenta ahora propone desfinanciar desde Argentina a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.




"¿Cómo resolver el problema Zaffaroni? Dejar de financiar la CIDH sería un comienzo", tituló la presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, Victoria Villarruel, activa militante por la persecución a los militantes de los 70s y ferviente defensora del fin de los juicios a los genocidas de la última dictadura.

Todo ocurre en el marco de la embestida contra el exmiembro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni. En este caso la movida apareció en el portal oficialista Infobae, donde además de aseverar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos solo se ocupa de "la agenda de la activa izquierda" brega porque la Argentina plantee su desacuerdo con "el sistema interamericano de derechos humanos".

Pese a que en el texto que lleva su firma (como en sus apariciones públicas, rebozantes de impostada bonomía) Villaruel subraya que "el respeto al disenso es una de las bases del sistema democrático", critica que el gobierno de Cristina Fernández haya aportado en 2013 a la CIDH 400 mil dólares, cifra que estuvo muy por debajo de lo enviado por naciones como Estados Unidos o Canadá, que no parecen ligadas con la izquierda que atemoriza a la autora.

Asimismo, la titular del Celtyv se queja de que en 2016 el gobierno de Cambiemos haya sumado 83 mil dólares al fondo de la Corte Interamericana. Vale remarcar que ese año fue el que más problemas financieros registró la CIDH en mucho tiempo.

"Recordemos solo a modo de ejemplo que tanto la Comisión Interamericana con sus medidas cautelares en las denuncias por los casos Maldonado y Sala como la Corte Interamericana con el juez Zaffaroni han abandonado cualquier imparcialidad, dilatando o ignorando escandalosamente cualquier otro reclamo que se desvíe de la agenda de la activa izquierda", escupe la firmante.

Más adelante Villarruel se anima a sugerir una ruptura nada menos que con el Pacto de San José de Costa Rica (del que Argentina es firmante y que garantiza el respeto a los Derechos Humanos). Lo hace de manera sutil pero sostenida: "Tampoco es viable en el corto plazo denunciar el Pacto de San José de Costa Rica, porque ello nos colocaría en la percepción política en el mismo nivel que dictaduras como la de Venezuela (...) De abandonar el Pacto ahora, correría el riesgo casi descontado de ser acusada como mínimo de fascista, lo que conllevaría una disputa al menos dialéctica que el discurso neutro de la actual gestión no parece dispuesta a enfrentar", señala.

Por último, la abogada se refiere al sistema interamericano de defensa de los DD.HH. como "un sistema que hoy parece haber abandonado la imparcialidad en nombre de la militancia en la progresía regional (sic)".










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