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Efecto Carrefour: cada vez son más los super que piden precarizar a sus trabajadores

23-04-2018 Comentar
La Cámara Argentina de Supermercados (CAS), la Federación (Fasa), la Cámara de Distribuidores Mayoristas (Cadam) y los Chinos también quieren reducir el 50% de sus aportes patronales y reclamaron un trato igualitario.




Los supermercados agrupados en la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), la Federación (Fasa), la Cámara de Distribuidores Mayoristas (Cadam) y los supermercados chinos se quejaron del acuerdo al que arribó Carrefour que le permite reducir el 50% de sus aportes patronales y reclamaron un trato igualitario.

En un comunicado titulado "el supermercadismo argentino pide igualdad de trato", dijeron que "la crisis del sector podría terminar perjudicando en mayor medida a sus socios de todo el país".

"Las prerrogativas que le fueron otorgadas a la firma francesa exceden lo previsto en un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) normal y que en caso de no otorgarse las mismas facilidades a todas las empresas del sector que lo soliciten, se estaría frente a un tratamiento discriminatorio hacia los supermercados pymes y cadenas regionales de todo el país que enfrentan situaciones críticas de igual o mayor magnitud", dijeron.

"La totalidad de los socios de CAS y FASA vienen sobrellevando dificultades a raíz de la caída del consumo y los desmesurados aumentos de costos, pero además deben enfrentar la competencia del comercio ilegal y de grandes cadenas cuyo objetivo es apoderarse de la totalidad del mercado, si les fuera posible", expresaron en el mencionado comunicado.

Según estas entidades, "existe un riesgo concreto de que esta situación de crisis del sector supermercadista termine favoreciendo una vez más al proceso de concentración que destruye a empresas nacionales que reinvierten el país en lugar de enviar regalías al exterior".

"Sería muy grave que las ventajas que ha obtenido Carrefour adicionalmente al PPC, como la reducción de aportes patronales, se concedieran discrecionalmente a esa compañía", continuaron.

Consideraron que "apoyar a las empresas nacionales pymes que trabajan en la legalidad y generan empleos estables es una obligación inexcusable para el Gobierno Nacional".










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