Columna de Opinión

Destrucción total

22-07-2018 Comentar

Los últimos tres años de justicia penal, en particular la que se ocupa de temas índole político institucional, la llamada “justicia Federal”, sobre todo aquella que tiene su asiento en la Ciudad de Buenos Aires, han mostrado ciertos costados dramáticos que, si bien lamentablemente no son nuevos, esta vez los malos espíritus se han decidido a usarlos con una intensidad que espantaría al más anómico.







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                                          (Imagen de la web: Dr. Maximiliano Rusconi)


El drama institucional llega a niveles que invitan a pensar que el destino no ofrecerá una segunda vuelta reparadora a quienes se han decidido a usar la magistratura judicial para encarar papeles tan vergonzantes para una república.

El ridículo no es, de ningún modo, el único lugar de donde no se vuelve. Tampoco hay billete de retorno para aquellos que, al estilo de los originales “traidores a la patria”, han jugado al amorío entre poderes que lejos de seducirse deben controlarse de modo obsesivo: la libertad de los ciudadanos depende de este juego de frenos y contrapesos que algunos han creído tener el poder de ocultar detrás de relaciones carnales, para colmo pagas.

En los últimos años, bajo el paradigma políticamente correcto de la “lucha contra la corrupción”, hemos asistido a humillaciones masivas montadas bajo el pretexto de actos procesales, soportado al presidente expresar con contundencia volitiva lo que espera de cada decisión judicial y observado como cientos de noticias judiciales, siempre lesivas para la oposición y siempre festivas para el gobierno, emanan con un oportunismo de relojería.

Este listado preliminar alcanzaría para escandalizar a cualquier ciudadano que valore el estado de derecho. Pero en la Argentina de los últimos años pareciera que las tragedias rechazan cualquier intento de colocar algún límite. Es por ello que los episodios luctuosos se concatenan ad infinitum.

Los jueces han entendido que el presidente no tiene que soportar opositores molestos. Sólo ello puede explicar, por ejemplo, que hace nueve meses el diputado Julio de Vido este preso, en cautiverio, sólo por razones políticas escondidas detrás de una ignorancia jurídica que no reconoce antecedentes.














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